María Teresa Fernández de la Vega, horrorizada

‘Horrorizada’ se quedó la pobre vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cuando se enteró de que las mujeres con las que posó en su viaje a Nigeria no eran las tres hijas del señor que estaba con ellas, sino ¡sus tres mujeres!

¡Qué escándalo, por Dios! La escena me recuerda a esas películas en blanco y negro sobre la vida de los españoles en la época del hambre cuando los señoritos ricos se escandalizaban porque los pobres andaban descalzos y olían mal, como si ellos hubieran elegido esa apestosa vida. Pues algo parecido.

¡Qué pasa que la vicepresidenta desconoce que hay otros pueblos que tienen costumbre diferentes a las suyas! ¡Qué en ese viaje no le habían avisado que existe la poligamia! O es que queda mejor escandalizarse porque la poligamia no es políticamente correcto. Pero, a lo mejor, lo que no es correcto es que se hagan fotos con mandatarios enjoyados de países africanos mientras los súbditos se mueren de hambre y sed. Eso sí que es para escandalizarse.

Menos fotitos para la galería y más coherencia en los planteamientos.

Justicia de primera y de segunda clase

Por mucho que se empeñen algunos, la Justicia no es igual para todos.

La oferta que la Fiscalía de Málaga ha hecho a los políticos implicados en decenas de procedimientos abiertos por conceder licencias de obras ilegales en Marbella es un claro ejemplo de ello.

Aunque la oferta se ha hecho a todos los implicados, por ahora sólo seis ex ediles del equipo de gobierno municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) de 1995 a 1999, entre ellos, Julián Muñoz, han aceptado el acuerdo. De esta manera, sólo cumplirán tres años de cárcel.

Lo curioso del tema es que el acuerdo alcanzado se ha hecho para ‘agilizar’ decenas de causas pendientes. ¡Qué comprensibles! Como han visto que la Justicia está atorada, pues han pensado: “Vamos a contribuir con la sociedad, aceptamos el acuerdo y así evitamos que se abarroten más los juzgados con más casos abiertos”.

En primer lugar, me gustaría saber si la Fiscalía General del Estado, de la que pertenece la de Málaga, hará la misma oferta a todos aquellos delincuentes que roban para poder comer. Si es así, entonces la Justicia sí será igual para todos o casi.

Y en segundo lugar, el mensaje que el Gobierno y la Justicia, al permitir ese acuerdo, están enviando a la sociedad es que da igual que cometas delitos muy graves porque tres años de cárcel pasan muy pronto y después, en la calle, que me quiten ‘lo bailao’.

La Administración de Justicia es un desastre

Cuando veo por la tele las imágenes de juzgados fortificados con cientos y cientos de legajos amontonados por el suelo da la sensación de que algo tan serio como la Administración de Justicia no funciona en España. La pregunta que me viene a la cabeza es ¿cómo en pleno siglo XXI no está todo informatizado?

Pero nuestro insigne ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dice que no existe colapso, sino que hay un problema endémico de retraso que se está mejorando. Y se supone, según él, que ese problema viene heredado del franquismo y que no se han sabido crear las bases de la modernización. ¡Tócate las polainas! Es decir, que arrastramos un problemón desde hace 33 años, en los que nadie ha sabido crear esas bases, y se queda tan pancho.

O sea que no hay colapso, ni tampoco desastre. Pues el informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre “la situación que presentan los juzgados penales de ejecutorias de España”, con fecha de 5 de mayo, no dice lo mismo.

El informe de 50 páginas concluye que “la pendencia global de ejecutorias existente entre los juzgados de lo penal ordinarios y los órganos especializados en esta materia, según datos de la Sección de Organización y Gestión de este Consejo General, asciende a 269.405 ejecutorias (a fecha 31/12/2007), de las que el 70.25 % (189.280 ejecutorias) se residencian en juzgados de lo penal, y el 29.74 % restante (80.125 ejecutorias) en los juzgados penales especializados”. En cristiano viene a decir que a finales de 2007 había más de 260.000 casos sin resolver.

Y de nada sirve que el CGPJ matice ahora que no son tantos casos sin resolver, “sino que la mayoría de ellos ya están ejecutándose”. Pues sí que han corrido desde el 1 de enero hasta el 5 de mayo, que es cuando está firmado el citado informe. Además, ‘pendencia’ según la Real Academia Española significa: “Estado de un juicio que está pendiente de resolución”. ¡Que se pongan de acuerdo!

En cualquier caso, da igual cómo califique el ministro de turno el sistema de justicia. Lo que está claro es que es un desastre y algo tienen que hacer. Crear más juzgados, seguro. Contratar más gente, por supuesto. Incorporar más medios, lógico. Pero también se debería normalizar el lenguaje jurídico… hacerlo más de la calle, porque lo que no es de recibo es que para redactar una sentencia se llenen páginas y páginas con un lenguaje más cercano a la edad media que a la actualidad.

Hagan su trabajo y háganlo bien.

Cárcel para las agresiones a médicos

Hasta cinco años de cárcel podrían ser condenados aquellos que atenten (agredan o insulten) contra los médicos.

Parece ser que el Colegio de Médicos de Madrid y la Fiscalía han sellado un acuerdo (un protocolo de actuación) para combatir las agresiones que están sufriendo estos profesionales. A partir de ahora, dice la citada información, “el Colegio de Médicos recogerá todas las denuncias y las enviará a la Fiscalía de Madrid, que las valorará, las remitirá a los juzgados de instrucción y hará el seguimiento correspondiente. Se abreviarán los trámites y los fiscales estarán más implicados”. Es decir, que la Fiscalía tomará cartas en el asunto, un poco al estilo de las agresiones a profesores que han pasado a considerarse un delito de atentado a funcionario en lugar de una simple falta.

Creo acertada toda persecución de este tipo de delitos, pero ¿quién protege al paciente de las agresiones constantes de los médicos? Lo primero que viene a la cabeza es la lógica: la ley protege a cualquier ciudadano de una práctica irregular o imprudente por parte de un profesional sanitario, pero la realidad es muy distinta, porque muchas denuncias se archivan por falta de pruebas, ya que muchos médicos se niegan a acusar a otros compañeros, los propios centros se hacen los sordos a la hora de entregar informes, etc. Y en la mayoría de los casos, los pacientes desisten de denunciar por miedo a represalias en la atención sanitaria.

¿Y cuando un paciente tiene que soportar el comportamiento ofensivo, déspota, maleducado de algunos médicos cuando acude a consulta? Ante eso, ¿qué se puede hacer? ¿La Fiscalía de Madrid va a actuar también con la misma celeridad que con las agresiones a médicos? No justifico ninguna agresión, pero me gustaría saber ¿en qué entorno se producen esos episodios violentos? ¿Cuánto ha tenido que aguantar un paciente para llegar a esos extremos? Me gustaría que, llegado los casos, la Fiscalía estudie cada uno al detalle para conocer las circunstancias reales de cómo se produjeron y que los pacientes acusados se puedan defender con total libertad.

¡Cuánta desidia hay en la sanidad pública!

Accidentada reforma penal de tráfico

Al hilo de lo que hablaba ayer sobre los que conducen sin carné infringiendo la ley y poniendo en peligro la vida de los demás, hoy cuenta ‘El País’ que la reforma del Código Penal para castigar las infracciones más graves relacionadas con la seguridad vial, que aprobó el Congreso, hace aguas por todos lados.

Ya advertía el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su momento, que el objetivo de la citada reforma no es llenar la cárcel de conductores sino concienciarles, y visto lo visto, ni cárcel ni concienciación, porque la mayoría de las condenas dictadas desde diciembre está sin ejecutar por el atasco judicial y por la falta de plazas para cumplir los trabajos en beneficio de la comunidad, uno de los ¡castigos ejemplares! que contempla el Código Penal, para todos aquellos conductores cazados condenados a penas de menos de dos años y sin antecedentes.

Es decir, que esto es como todo lo que se hace en este país: medidas de cara a la galería, para hacerse la foto cuando se presentan y para colgarse medallitas. Que endurezco las leyes contra los malos tratos, porque es lo que se lleva, pues a ello, pero se les olvida dotar de jueces y funcionarios los juzgados que se van a dedicar a ello; que endurezco las leyes contra los delincuentes de la carretera, pues a ello, pero se les olvida dotar a los juzgados de medios y personal para que las sentencias no duerman entre montañas de legajos y acaben prescribiendo o que no haya un listado de propuestas para que los conductores condenados paguen a la sociedad sus delitos haciendo trabajos sociales.

¡La casa siempre por el tejado que ya habrá tiempo de llenar el resto con parches!

Tolerancia cero contra los listos que conducen sin carné

Una vez más, tras un puente, vuelven a hacerse públicos los datos de víctimas en carretera. Y las autoridades vuelven a centrar su discurso en si este año ha habido más o menos muertos que el año pasado por estas fechas, como si eso sirviera de consuelo; no creo que eso les sirva a los familiares y amigos de algunos de los 39 fallecidos, 3 menos que el año pasado.

El debate, en ese sentido, se me antoja absurdo cuando no se pueden comparar fechas, porque este año ha habido un día más de vacaciones, y porque nunca sale el mismo número de coches ni se realizan los mismos desplazamientos. El debate central debería ser el de ¿por qué se producen accidentes y muertos (aunque sólo sea uno)? Y en eso es donde se deben centrar todos los esfuerzos.

Coincidiendo con este puente entró en vigor la reforma del Código Penal que considera delito conducir sin carné. Las penas van de tres a seis meses de prisión o una multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. El castigo me parece excesivamente blando, sobre todo después de conocer que, según la Dirección General de Tráfico (DGT), en España hay ¡30.000! conductores sin carné. Es decir, 30.000 listos que se ríen de todos los tontos, que como yo, hemos tenido que superar unas pruebas para tener ese carné.

Entre esos 30.000, habrá muchos que opinen que llevan muchos años conduciendo y son mejores que muchos que tienen carné. Pero las reglas de convivencia están para cumplirlas y, por esa misma regla del tres, a mí me podría dar por realizar operaciones a corazón abierto sin tener la titulación correspondiente o salir con una pistola por la calle dando tiros al aire, porque ‘yo controlo’. Y esos son los más peligrosos, los de ‘yo controlo’. Recuerdo el día que me examiné del práctico. Uno de los compañeros que se presentó ese mismo día me contaba que llevaba ¡8 años! conduciendo a diario y nunca había tenido carné de conducir. El coche que utilizaba para trabajar era de su suegro. En esos años había tenido varios percances. Y presumía de su facilidad para engatusar al otro conductor implicado en el accidente para que le dejara poner en el parte de accidentes que el titular y conductor era su suegro.

Y la responsabilidad de luchar contra esa lacra es de todos. No sólo de la DGT, al perseguir a esos delincuentes, sino la de cada uno de nosotros si llegamos a tener la mala suerte de cruzarnos en la carretera con alguno de ellos. Nuestra obligación es la de denunciarles y no dejarnos llevar por su discurso lastimero o amenazador, porque los hay de todo tipo.

Si queda algún consuelo, tras la cifra de víctimas de este pasado puente, es el de los detenidos desde el pasado 1 de mayo por conducir sin carné: 128 conductores. De ellos, 117 nunca habían obtenido el carné y los otros 11 tenían una prohibición después de haber perdido los puntos. Se equivoca el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras dar a conocer estos datos, al afirmar que el objetivo de esta reforma no es la llenar las cárceles, sino concienciar a los conductores. El tiempo ha demostrado que la única forma que tienen algunos de acatar la ley es con la amenaza de ir a la cárcel, porque las multas han dejado de asustar. Y cuando se juega con la vida de inocentes, la cárcel para esos delincuentes es poco. Y este comentario no es gratuito: perdí a dos familiares por culpa de dos niñatos que disputaban una carrera ilegal y no puedo quedarme al margen en este tema.

Y no hablemos ya de todos aquellos que conducen, además, sin seguro.

La letra pequeña de la ampliación de la hipoteca

¿Por qué casi siempre las decisiones políticas esconden alguna trampa? ¿Por qué se venden de forma engañosa? Una de las medidas que el Gobierno adoptó para afrontar la tan cacareada crisis no es tal y como la pintaban sus voceros.

Es cierto que el Gobierno ha aprobado y firmado un acuerdo con las entidades financieras para que la ampliación de las hipotecas sea gratuita, pero, por un lado, conseguir ese trámite no será tan sencillo y, por otro, a largo plazo la ampliación no es tan gratuita.

La primera mentira o media-verdad es que las familias que quieran ampliar su hipoteca no les bastará con desearlo, sino que tendrán que convencer a su banco o caja de ahorros para que se lo conceda. Y las entidades financieras (que no son hermanitas de la caridad) han avisado de que sólo lo harán en el caso de que el cliente sea solvente. ¿Cómo? Se supone que todo aquel que decida ampliar su hipoteca es porque no andará muy desahogado que se diga. O sea, que lo de ‘café para todos’, como pregonaba el Gobierno, nada de nada. Ya veremos qué pasa cuando más de uno vaya al banco y tenga que mendigarle al directivo de turno para que ‘por favor’ le conceda ‘por sus niños y por lo que más quiera’ la ampliación. Más de uno se va a llevar sorpresas.

Y la segunda mentirijilla es que, según los cálculos del Gobierno, los que decidan ampliar el plazo de amortización de su hipoteca sin coste alguno podrán ahorrarse hasta 1.000 euros. “Sin embargo, a la larga harán frente a un sobrecoste que puede alcanzar el 57% del valor inicial del crédito contratado debido a un mayor pago de intereses”. ¡Doblá nos la van a meter!

Que no cuenten las cosas a medias y expliquen la letra pequeña antes de tirar cohetes. No obstante, la cosa ya cojeaba desde el momento en que el Gobierno decide hacer pública esa medida a bombo y platillo sin haber hablado y negociado antes con los bancos, que son los que no hacen nada sin sacar un rendimiento monetario.

Zaplana se apunta al Inem ¿o no?

Quién pueda pensar que ‘meterse’ a político es una profesión mal pagada que se lo pregunte a Eduardo Zaplana y a toda esa cohorte de ex ministros, ex secretarios de Estado y ex de la Administración, que es interminable. Bastan unos pocos años en el Congreso o en el Gobierno de turno y después a recoger los réditos acumulados durante ese tiempo de amistades y colegas.

Zaplana ha sido el último en salir. El ‘pobre’ habrá estado estudiando durante días qué iba a hacer tras abandonar la política, haciendo números para ver cómo llegar a fin de mes, sopesando cómo hacer frente a los pagos del banco, buscando las ofertas en el super para poder llenar la cesta de la compra… Su nuevo destino: delegado de Telefónica para Europa y miembro de los consejos de administración de Telefónica O2 Europe y de Telefónica O2 Republica Checa.

La ley de incompatibilidades debería contemplar estos supuestos. Porque de nada sirve que la ley prohíba ocupar puestos en la empresa privada que tengan relación directa con el cargo que se ha ocupado, si luego ex cargos públicos pasan a desempeñar funciones indirectas y de representación, es decir, trabajos de captación de grandes clientes e importantes contratos gracias a sus pasados como responsables políticos en áreas como obra pública, telecomunicaciones, industria farmacéutica, ingenierías, etc. Se deberían perseguir y prohibir ese tipo de prebendas.

Actualización de ‘Zaplana se apunta a la lista del Inem ¿o no?’ (II)

No se puede decir tanto en tan poco espacio. Simplemente, ¡genial!

Alerta de ‘todo a cien’

¿Por qué en este país se hacen las cosas tan mal? Es una cuestión de tradición o es que el ‘manual de uso para ministros’ lo prescribe así. Me refiero a la pseudo-alerta naranja sobre el aceite de girasol de este fin de semana. ¿Qué ha cambiado de ayer a hoy para que de un día para otro se levante la alerta que tanto ha asustado a unos y ha preocupado a otros.

El pasado viernes, el ministro de Sanidad Bernat Soria ordenaba retirar de las tiendas todos los envases con aceite de girasol al detectarse contaminada una partida de ese producto procedente de Ucrania. ¡Perfecto! Me parece una medida correcta para evitar otro ‘síndrome de la colza’. Y lo creo así, porque doy por hecho que la máxima autoridad sanitaria española cuenta con más datos de los que podamos disponer cualquiera de nosotros para adoptar esa decisión. Pero, tras eso, el ministro Soria dice que, no obstante, no supone un riego grave para la salud, ya que en el caso de que se consumiera aceite adulterado la cantidad es tan pequeña que no afectaría a la salud. Es decir, que por un lado nos dicen que ¡ojo! que vamos a retirar todo el aceite hasta saber cuáles son las partidas y marcas afectadas, pero por otro nos dicen que no pasa nada.

No se puede alarmar de esa manera. Primero porque la gente (sobre todo, las personas mayores) se asustan y empiezan a tirar el aceite de sus casas, y segundo, porque con esas declaraciones catastrofistas dañan al sector de productores de aceite de girasol español que invierte mucho dinero en investigación y desarrollo.

Para hacer más caótica la situación hoy decía el director ejecutivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, José Ignacio Arranz, que es posible que haya aceites de girasol afectados en los hogares, pero no hay riesgo para la salud. “No debe ser una cosa significativa, pero posiblemente alguna parte de la mercancía sí ha salido al mercado”, ha afirmado. O sea, que es ‘tan’ posible que haya aceites afectados en algún hogar como que no lo sea. Y que puede que alguna parte esté en el mercado. Entonces por qué levantan la alerta, ¿ya han recuperado esa parte que podría estar en el mercado, y en esa lógica de suposiciones, también podría haberse vendido y haberse consumido? ¿A quién le puede afectar consumir aceite contaminado con hidrocarburos? ¿Y durante cuánto tiempo hemos estado consumiendo ese aceite?

La Agencia de Alimentos y Mercancías calcula que hasta 57.000 toneladas de aceite adulterado podrían haberse colado en la UE. ¿Cómo y quién ha permitido que eso ocurra? ¿Existen realmente controles sanitarios seguros y fiables en la UE o estamos en manos de personas fáciles de comprar con dinero para que hagan la vista gorda?

Actualización de Alerta de ‘todo a cien’ (II)

Ahora para rizar el rizo, el Ministerio de Sanidad, en boca de la Agencia Española de Seguridad Alimenticia y Nutrición, dice que no hará pública una lista con las marcas de aceite de girasol afectadas, porque considera que sería “inútil e incluso llevaría a errores al consumidor”.

¡Ahora llevaría a errores al ‘pobre consumidor’, y el fin de semana pasado no! Para justificar esta afirmación, el citado organismo argumenta con dos perlas que no tienen desperdicio: una, que “el aceite de girasol que se ha repuesto en las tiendas es de garantía, de calidad y seguro”, y dos, que “con el aceite que los consumidores puedan tener en sus casas tampoco hay riesgo de toxicidad, porque se trata de pequeñas cantidades. Y si queda alguna duda las empresas son responsables de sus productos de modo que los consumidores pueden acudir a ellas para reclamar que les sustituyan esos envases o que les devuelvan el dinero”. ¡Ole!

Cuando el Ministerio se ha dado cuenta que el daño a los productores de aceite de girasol ya estaba hecho, ahora intenta recular y para evitar dar nombres de marcas contaminadas da un argumento peregrino. No hay nada como que ‘papá Estado’ te diga:

–Tranquilos hijos míos que ya me he encargado de retirar las botellas contaminadas de las tiendas.
– Y las de casa, ¿qué?
– ¿Las de casas? ¡Al maestro Armero!

Ah, por cierto, y por el aceite contaminado que han requisado no os preocupéis porque lo van a reutilizar como biocombustible… y sino siempre pueden hacer jabones para donar a las ONG. Menos mal que en los ministerios siempre hay mentes privilegiadas para pensar en cosas innovadoras.

Actualización de Alerta de ‘todo a cien’ (III)

Sí, pero no, o todo lo contrario. Eso es lo que ha querido decir Sanidad en la rueda de prensa que ha dado para explicar-aclarar-enturbiar-ensuciar-liar… la aventura del aceite de girasol. No va a dar la lista de las marcas contaminadas, sólo la de las no contaminadas y seguras para la salud, pero eso “no quiere decir que sea completo”. De momento, el listado de las marcas ‘limpias’ incluye sólo 200, de entre las más de 800 disponibles en el mercado. Es decir, que hay ¡600! de las que no se sabe de momento ese soniquete de sí, pero no, o todo lo contrario.

Eso es gestionar una crisis y lo demás, tontería.

La Justicia debe evitar otro Aznalcóllar

Es triste que diez años después del desastre ecológico de Aznalcóllar (Sevilla) todo siga igual en el capítulo de responsabilidades. En todo ese tiempo, la multinacional sueca Boliden, propietaria de la mina de la que salieron al exterior toneladas de lodos tóxicos y metales, se ha hecho la loca y ha evitado pagar, al menos, los 90 millones de euros exigidos por la Junta de Andalucía como compensación por los costes de la limpieza, además de otras multas. Y ¿cómo lo ha hecho? Pues riéndose de la Justicia, dilatando el proceso con recursos y más recursos, mientras los órganos judiciales discutiendo ¡durante 10 años! quién es el competente para juzgar el caso.

La compañía sueca echa la culpa a otras empresas con las que tenía acuerdos. Dice no ser responsable, pero era la dueña de la mina, es decir, que aunque hubiera subcontratado a una tercera, ella tendría la obligación de que se respetaran unas mínimas medidas de seguridad. La cuestión es que nadie ha sido, pero la marea de residuos inundó y devastó la zona, aunque los técnicos de la Junta y expertos en diversas áreas medioambientales han trabajado todos estos años para recuperar gran parte de lo dañado.

Ahora la responsabilidad está en los jueces, que deberían dejarse de interpretar el procedimiento de las leyes y la letra pequeña, con lo que contribuyen a alargar los procesos hasta la eternidad, y entrar a debatir la cuestión central: ¿quién contaminó? y que pague por ello, tarde, pero que pague. Y eso mismo deberían hacer las autoridades de la Unión Europea, para que este tipo de empresas no puedan operar en ningún país. No sólo pueden estar dispuestas a abrir las manos para recibir ayudas estatales, sino que deben afrontar con la misma ligereza cuando fallan. Y por cierto, no es la primera vez que Boliden la arma. Y si las autoridades no ponen remedio, este tipo de empresas se sienten impunes y acaban haciendo lo que se les antoja.